El servicio público en materia de seguridad es una de las labores más riesgosas en México. Ante esta realidad, la diputada Sandra Amaya Rosales presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado, con el objetivo de garantizar un apoyo para familias de policías que pierdan la vida en cumplimiento de su deber. La propuesta busca proteger especialmente a aquellos hogares donde no exista una pensión previa u otro beneficio similar, brindando certeza ante la pérdida.
Una reforma para cerrar brechas legales
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena explicó que la medida no pretende duplicar beneficios existentes, sino actuar como un respaldo complementario. El objetivo central es que el Estado cuente con una obligación expresa para otorgar este apoyo para familias de policías, evitando que los deudos enfrenten desprotección económica tras el sacrificio de quienes velaron por la seguridad de la ciudadanía.
Justicia social y dignidad humana
Durante la ampliación de motivos en el Congreso, Amaya Rosales subrayó que esta iniciativa se sustenta en los principios de la Cuarta Transformación. Al enfocarse en la progresividad de los derechos, la propuesta legislativa busca que el gobierno se haga cargo de quienes se quedan desamparados, asegurando que no se deje a nadie atrás en momentos de crisis.
Historias reales detrás de las cifras
La legisladora fue enfática al señalar que detrás de cada baja en las corporaciones hay rostros y necesidades urgentes que deben ser atendidas por la ley:
Historias de vida: Recordar que los agentes no son solo números en una estadística.
Protección a menores: Asegurar el futuro de las hijas e hijos que quedan desprotegidos.
Respaldo económico: Eliminar la incertidumbre financiera tras una pérdida irreparable.
Compromiso con los cuerpos de seguridad
Aunque el marco legal actual contempla ciertos derechos para los elementos policiacos, la diputada advirtió que persisten vacíos sensibles. El apoyo para familias de policías vendría a subsanar la falta de un respaldo económico claro cuando no hay beneficios establecidos, respondiendo con justicia y responsabilidad ante el sacrificio supremo de los oficiales en Durango.
Un cambio de destino para los deudos
La iniciativa de Sandra Amaya busca transformar la realidad de las familias que hoy viven en la incertidumbre. «Esta propuesta no devuelve vidas, pero sí puede cambiar el destino de quienes se quedan», finalizó la representante popular, haciendo un llamado a revisar la respuesta del Estado ante el riesgo constante que corren los uniformados.
Con esta reforma, se pretende que el reconocimiento al valor de los policías se traduzca en acciones tangibles de protección social, fortaleciendo la confianza en las instituciones y garantizando un piso mínimo de bienestar para sus seres queridos.
