Tras supervisar la planta de tratamiento de aguas residuales Oriente, la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, lanzó una advertencia definitiva al sector empresarial. La mandataria dejó claro que las industrias que incumplan con la normativa ambiental en sus vertidos enfrentarán sanciones severas, que incluyen multas económicas y la clausura de instalaciones, con el fin de proteger la infraestructura de la ciudad.
Infraestructura en riesgo por desechos industriales
La alcaldesa señaló que la planta de tratamiento presenta fallas acumuladas por más de una década, originadas principalmente por la recepción de residuos sin tratamiento previo. La acumulación de grasas lácteas, piedra pómez y otros desechos industriales ha mermado la capacidad operativa del sistema, provocando afectaciones directas en el funcionamiento del drenaje de Gómez Palacio.
Inversión urgente para la rehabilitación
Para contrarrestar este daño, el gobierno municipal realizó recientemente una inversión de un millón de pesos destinada al cambio de piezas y puesta en marcha de la planta Oriente. Sin embargo, Betzabé Martínez fue enfática al señalar que si las empresas continúan enviando descargas fuera de la norma, cualquier esfuerzo financiero y técnico de la administración será insuficiente para resolver el problema de fondo.
Sanciones estrictas y sin descuentos
La vigilancia y supervisión se reforzarán mediante auditorías constantes. La presidenta de Gómez Palacio confirmó que no se otorgarán descuentos en multas derivadas de estas irregularidades, ya que el recurso recaudado es vital para ejecutar obras de saneamiento. El bienestar social y la salud pública, especialmente de niñas y niños expuestos a entornos contaminados, son la prioridad máxima de su gobierno.
Responsabilidad social y compromiso ambiental
Aunque el municipio mantiene una relación de colaboración con el sector empresarial por su impacto en el desarrollo económico, Betzabé Martínez subrayó que no habrá concesiones. El tratamiento del agua no es una opción, sino una obligación legal y ética con la sociedad. Una empresa que no trata sus residuos daña el tejido social al provocar colapsos en el drenaje de las colonias y generar focos de infección.
Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública, práctica que agrava la situación de la red. Este esfuerzo integral busca garantizar el derecho de los habitantes de Gómez Palacio a un saneamiento digno y una mejor calidad de vida, anteponiendo el interés colectivo a cualquier beneficio particular.
