El diputado Héctor Herrera Núñez ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de tipificar el delito de explotación financiera de adultos mayores. La propuesta busca sancionar penalmente a quienes manipulen, retengan o despojen de sus recursos económicos a personas mayores de 65 años. Según el legislador, este fenómeno ocurre frecuentemente aprovechando la confianza, la dependencia emocional o el estado de salud de las víctimas, por lo que se requiere un marco legal específico que trascienda la figura del abuso de confianza.
Sanciones y multas para los agresores patrimoniales
La reforma establece castigos severos para quienes incurran en la explotación financiera de adultos mayores. Las penas propuestas oscilan entre los cuatro y ocho años de prisión, además de una multa económica que va de las 200 a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta medida pretende enviar un mensaje de cero tolerancia ante el despojo de pensiones, bienes o ahorros de un sector que, históricamente, ha enfrentado dificultades para denunciar debido a la cercanía con sus victimarios.
Agravantes por discapacidad o vulnerabilidad extrema
La iniciativa contempla un incremento en la severidad del castigo cuando la víctima presente condiciones particulares que limiten su capacidad de resistencia. En casos donde el adulto mayor tenga alguna discapacidad o una condición de salud que le impida comprender el hecho, la pena de prisión se incrementará hasta en una mitad. Este enfoque reconoce que el grado de vulnerabilidad exige una protección reforzada por parte del sistema de justicia del estado.
Quiénes cometen este delito según la ley
De acuerdo con el texto presentado por el integrante del Grupo Parlamentario de Morena, comete explotación financiera de adultos mayores quien, valiéndose de las siguientes relaciones, disponga indebidamente de recursos:
Relación de parentesco o tutela.
Vínculos laborales o de confianza.
Personas encargadas de cuidados que actúen sin consentimiento libre e informado.
Persecución de oficio para garantizar justicia
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que este delito se persiga de oficio. Esto significa que las autoridades podrán actuar e investigar incluso si no existe una denuncia directa por parte de la víctima. Esta medida es crítica, ya que muchas personas mayores no denuncian por miedo o vergüenza al tratarse de familiares cercanos. Al perseguirse de oficio, se garantiza que el Estado intervenga para proteger la dignidad y el patrimonio de quienes dedicaron su vida al trabajo y la familia.
Insuficiencia del marco legal actual
Héctor Herrera subrayó que las figuras jurídicas vigentes, como el abuso de confianza, resultan insuficientes para atender la complejidad de la explotación financiera de adultos mayores. El entorno familiar suele ser un espacio donde el despojo económico se normaliza o se oculta. Con esta reforma, Durango busca actualizar su Código Penal para asegurar que la vejez no sea sinónimo de vulnerabilidad económica, estableciendo un deber moral y social para garantizar una vida libre de abusos.
Hacia una vejez digna en Durango
Finalmente, la iniciativa resalta que proteger a los adultos mayores es una obligación legal para construir una sociedad más justa. La explotación financiera de adultos mayores no solo afecta el bolsillo de los abuelos duranguenses, sino su estabilidad emocional y calidad de vida. La aprobación de esta reforma permitiría que miles de hombres y mujeres cuenten con un respaldo jurídico real que proteja su pensión y sus bienes ante cualquier intento de apropiación indebida por parte de terceros.
