El diputado Noel Fernández Maturino destacó que la regularización de predios es una acción prioritaria para fortalecer las políticas públicas y reducir las desigualdades territoriales. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el legislador consideró que dotar de certeza jurídica a las familias que habitan en asentamientos irregulares es el primer paso hacia un desarrollo urbano más justo, incluyente y ordenado. Esta medida no solo protege el patrimonio de los ciudadanos, sino que integra formalmente estos espacios a la planeación de las ciudades bajo criterios de equidad y sustentabilidad.
Certeza jurídica y beneficios para las familias
La falta de títulos de propiedad representa una problemática con profundas implicaciones sociales y económicas en la entidad. Según Fernández Maturino, la regularización de predios debe concebirse como una política pública integral que permita a los ciudadanos acceder a programas gubernamentales de vivienda y financiamiento para el mejoramiento habitacional. Sin este documento legal, miles de familias quedan excluidas de proyectos de inversión pública, limitando severamente su capacidad de crecimiento y estabilidad económica a largo plazo.
El impacto de la inseguridad patrimonial
Vivir en un lote irregular genera preocupaciones estructurales constantes que afectan el tejido social. El diputado advirtió que la ausencia de documentos formales provoca una fuerte inseguridad patrimonial, aumentando el riesgo de enfrentar conflictos legales o incluso desalojos. Además, esta condición jurídica impide que los predios se inscriban en los registros públicos correspondientes, lo que dificulta enormemente la posibilidad de heredar el patrimonio de manera legal a las siguientes generaciones, dejando desprotegidos a los hijos de las familias duranguenses.
Acceso limitado a los servicios básicos
Uno de los efectos más graves de la irregularidad es la carencia o deficiencia en los servicios esenciales. Muchos de estos asentamientos enfrentan dificultades críticas para contar con agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentación de calidad. En ocasiones, estos servicios se instalan de forma parcial o provisional sin cumplir con los estándares técnicos y de seguridad necesarios, lo que impacta directamente en la salud pública y degrada la calidad de vida de los habitantes, afectando la sostenibilidad del desarrollo urbano de forma global.
Finalmente, Noel Fernández afirmó que la expansión de asentamientos irregulares es, en gran medida, una respuesta social ante la insuficiencia de alternativas formales para acceder al suelo urbano. Por ello, la regularización de predios representa una oportunidad estratégica para fortalecer la gobernanza urbana y garantizar el derecho a la ciudad. Al formalizar estos espacios, se facilita una planeación adecuada que beneficia a toda la población, reduce las brechas de desigualdad y asegura que el crecimiento de nuestras ciudades sea ordenado y seguro para todos.
