Por unanimidad, el Congreso del Estado emitió un exhorto urgente dirigido a la delegación de la Secretaría de Bienestar, al IMSS, al ISSSTE, al Gobierno del Estado y a los 39 municipios, con el fin de garantizar una atención para comunidades indígenas en Durango que sea digna y eficiente. La iniciativa busca eliminar las barreras estructurales que impiden a los pueblos originarios acceder plenamente a sus derechos y servicios públicos esenciales.
Barreras lingüísticas y discriminación en el sistema
El diputado Iván Soto Mendía, integrante del Grupo Parlamentario del PRI y originario de Mezquital, presentó el punto de acuerdo denunciando que el diseño actual de las instituciones no contempla la cosmovisión ni las necesidades lingüísticas de los pueblos originarios. Según el legislador, factores como la distancia, la falta de información y la discriminación sistemática provocan que muchas personas queden excluidas de programas sociales vitales.
El derecho a una gestión con identidad
Durante su intervención en la tribuna, Soto Mendía enfatizó que no se trata de solicitar privilegios, sino de exigir el cumplimiento de derechos fundamentales. La propuesta destaca la necesidad de contar con gestores culturalmente competentes en las oficinas gubernamentales. Estos gestores tendrían la función de interpretar procesos, explicar derechos y acompañar a las personas en la toma de decisiones, protegiéndolas durante cualquier trámite administrativo para asegurar que la atención para comunidades indígenas en Durango sea una realidad.
Hacia la profesionalización de intérpretes y gestores
Al debate se sumó el diputado Bernabé Aguilar Carrillo, quien propuso fortalecer el acuerdo mediante la inclusión del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Educación. La intención es que estas instituciones diseñen e implementen programas permanentes de formación y certificación de intérpretes en lenguas originarias para que presten servicio en los tres órdenes de gobierno.
Institucionalizar la atención en dependencias públicas
Aguilar Carrillo resaltó que la dificultad para comunicarse en su propia lengua es un obstáculo diario para quienes pertenecen a pueblos originarios. Por ello, se busca que la presencia de traductores y mediadores culturales no sea una medida temporal, sino una política institucionalizada. Con la acreditación de estos profesionales, se pretende tender puentes reales que garanticen la dignidad y la justicia social en cada oficina pública del estado, permitiendo que la atención para comunidades indígenas en Durango deje de ser una carencia y se convierta en un estándar de respeto.
