Con el firme objetivo de armonizar el marco normativo estatal con la Constitución Federal y los tratados internacionales, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango. Esta propuesta busca consolidar la autonomía y los derechos fundamentales de los pueblos originarios, garantizando que el reconocimiento jurídico se traduzca en herramientas reales de empoderamiento para sus habitantes.
La reforma responde a la necesidad de actualizar la legislación local para combatir la invisibilización histórica y asegurar que la pluralidad cultural sea el cimiento del desarrollo en la entidad.
Justicia social para los pueblos originarios
Durante su intervención en el Congreso, el integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Bernabé Aguilar Carrillo, destacó que por décadas estas comunidades han resistido sin un respaldo jurídico suficiente. El legislador subrayó que la propuesta representa un acto de reconocimiento y dignidad, abriendo una nueva etapa de respeto hacia quienes han trabajado por Durango desde sus raíces.
Sujetos de derecho público y autonomía
Uno de los pilares de la iniciativa de Bernabé Aguilar Carrillo es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Esto les otorga formalmente personalidad jurídica y patrimonio propio, fortaleciendo su capacidad de decisión y participación activa en la vida pública del estado de Durango.
Derecho a la consulta previa e informada
La reforma también refuerza el derecho a la consulta previa, libre e informada. Con este mecanismo, se garantiza que las comunidades participen directamente en las decisiones que afecten sus territorios y recursos, respetando en todo momento sus sistemas normativos internos y su forma de organización social.
Preservación de la identidad y saberes ancestrales
La propuesta impulsada por Bernabé Aguilar Carrillo contempla una protección integral que va más allá de lo administrativo, abarcando la esencia cultural de las comunidades. La ley ahora reconocerá formalmente el valor de la medicina tradicional y la relación histórica que los pueblos mantienen con su territorio.
Inclusión del pueblo afromexicano
En cumplimiento con el mandato constitucional vigente, la iniciativa incorpora al pueblo afromexicano dentro del mismo régimen de protección jurídica. Esto obliga al Estado a integrarlos formalmente en los procesos de planeación, programas y presupuestos públicos, asegurando que sus necesidades sean atendidas de manera equitativa.
Impacto social de la población indígena en Durango
La relevancia de esta reforma se sustenta en datos del INEGI, los cuales revelan que más de 118 mil personas en Durango se reconocen como indígenas. Esta cifra refleja la magnitud de la importancia social y económica de los pueblos originarios en la entidad, haciendo urgente una legislación que dignifique su existencia y fortalezca la pluralidad cultural.
La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas para su análisis y dictaminación final, marcando un paso decisivo hacia la justicia social en Durango.
