Durango busca dar un paso histórico en la protección de los derechos humanos y la seguridad de sus habitantes. La diputada Delia Enríquez Arriaga presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado e incorporar la legítima defensa de las mujeres en casos de violencia de género. Esta propuesta no solo ampara a las víctimas que se ven obligadas a defenderse de un ataque, sino también a aquellas terceras personas que actúan en su auxilio, estableciendo un marco legal más justo y sensible ante la realidad que enfrentan miles de mujeres.
De aprobarse esta reforma, Durango se convertiría en la tercera entidad del país en garantizar una protección integral bajo este esquema. El objetivo es enviar un mensaje de solidaridad y responsabilidad institucional, buscando que la justicia deje de criminalizar a quienes actúan movidas por el instinto de supervivencia frente a la violencia machista.
Justicia con perspectiva de género
La iniciativa propone que se presuma la legítima defensa de las mujeres, salvo prueba en contrario, cuando la agresión ocurra contra una mujer que sea víctima o se encuentre en riesgo de violencia de género. Un punto clave es que este beneficio legal se extiende a quienes intervengan para repeler la agresión en apoyo a la víctima, fortaleciendo la solidaridad social y la protección ciudadana.
Obligaciones para el Ministerio Público
El proyecto de ley establece la obligación estricta para el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales de actuar con perspectiva de género al evaluar cada caso. Esto permitirá determinar la procedencia de la causa de justificación de forma objetiva, analizando el contexto de discriminación y misoginia que rodea a las agresiones.
Evaluación sin antecedentes previos
Uno de los mayores avances de esta propuesta es que no será requisito la existencia de antecedentes previos de violencia para que se aplique la legítima defensa de las mujeres. Esto reconoce que un ataque inminente y violento requiere una respuesta inmediata para proteger la vida, la integridad o la familia, sin que el pasado judicial de la víctima condicione su derecho a defenderse.
Evolución del sistema jurídico
La diputada Enríquez, integrante de la bancada de Morena, señaló que el machismo sistemático y la violencia institucionalizada han obligado a las leyes a evolucionar. Ante la desconfianza en el sistema de justicia o el miedo extremo, muchas mujeres reaccionan naturalmente para proteger sus bienes o su integridad; por ello, la ley debe adaptarse para brindar una mayor seguridad jurídica a niñas, jóvenes y mujeres en general.
Superando la violencia institucional
La legisladora recordó que el marco jurídico actual ya reconoce la legítima defensa, pero a menudo se ignora la realidad de género al acreditar elementos como la racionalidad de los medios empleados. Al legislar específicamente sobre la legítima defensa de las mujeres, se busca evitar injusticias como las ocurridas en otros estados, donde mujeres han sido privadas de su libertad por el simple hecho de haber sobrevivido a sus agresores.
Referentes nacionales en la materia
Actualmente, estados como Baja California y Tamaulipas ya cuentan con legislaciones similares, mientras que en Chihuahua se avanza en el mismo sentido. Con el lema “hasta que la dignidad se haga costumbre”, Durango se encamina a erradicar la discriminación judicial, asegurando que el ejercicio del derecho a la defensa no se convierta en una nueva forma de victimización.
