La cobranza ilegítima quedó establecida como delito tras la reforma al Código Penal aprobada por unanimidad por las y los diputados, con el objetivo de proteger a la ciudadanía frente a prácticas abusivas, intimidatorias y fuera del marco legal en actos de cobranza. El acuerdo busca poner un límite claro a conductas que, bajo el argumento de recuperar un adeudo, recurren a coacción, amenazas y presión psicológica.
En el análisis legislativo se reconoció que, aunque existe el derecho a cobrar, la cobranza extrajudicial debe ejercerse dentro de los límites legales y con respeto a los derechos humanos. La reforma apunta a erradicar prácticas que afectan la tranquilidad de las personas y pueden escalar a escenarios de hostigamiento.
Iniciativa revisada por la Comisión de Justicia
La propuesta fue analizada por la Comisión de Justicia y fue presentada en su momento por la diputada Sughey Torres Rodríguez, con un enfoque de protección para quienes, por diversas circunstancias, han incurrido en morosidad. El objetivo central es frenar actos de cobranza extrajudicial realizados por particulares que, al pretender ejercer un derecho, recurren a mecanismos de intimidación.
Protección a personas en morosidad
El Congreso subrayó que la morosidad no debe convertirse en un pretexto para aplicar prácticas fuera del marco legal. En esa línea, la tipificación de la cobranza ilegítima se plantea como una herramienta para disuadir conductas que rebasan lo permitido.
Cobranza dentro de la ley
La reforma parte de un criterio reiterado por las y los legisladores: la actividad de cobranza debe mantenerse dentro de límites legales y éticos, sin recurrir a amenazas o simulaciones que busquen infundir miedo.
Conductas de hostigamiento que se busca erradicar
En el planteamiento se señalaron prácticas recurrentes que, por su naturaleza, pueden convertirse en hostigamiento e intimidación hacia las personas deudoras.
Llamadas fuera de horario y fines de semana
Entre las conductas más comunes se mencionan llamadas en horarios nocturnos, de madrugada o fines de semana. Este tipo de contacto se asocia con presión indebida al invadir espacios de descanso y trasladar la cobranza a momentos de vulnerabilidad.
Presión psicológica como método
Las y los legisladores destacaron que la presión psicológica no puede ser el mecanismo para exigir un pago, especialmente cuando se vuelve sistemática y se utiliza como forma de coacción.
Cartas intimidatorias a domicilio y centros de trabajo
También se busca erradicar el envío de cartas intimidatorias a domicilios y centros de trabajo. Esta práctica incrementa el impacto social del adeudo al llevarlo a espacios personales o laborales, generando tensión y afectaciones adicionales.
Simulación de actos judiciales o administrativos
Otro punto señalado es la simulación de documentos o actos judiciales o administrativos, atribuyéndose facultades que corresponden exclusivamente a una autoridad. El Congreso consideró que estas prácticas se usan para intimidar mediante la apariencia de un procedimiento oficial.
Facultades exclusivas de la autoridad
El señalamiento es directo: atribuirse funciones propias de una autoridad mediante documentos simulados se identifica como una conducta que busca infundir temor y presionar fuera del marco legal.
Más operaciones financieras y más cobranza extrajudicial
Las y los legisladores reconocieron que en los últimos años se incrementó la celebración de operaciones financieras como compraventas, inversiones, financiamientos o préstamos. Al mismo tiempo, aumentaron los adeudos impagados, lo que dio lugar a una mayor intervención de despachos de cobranza.
Respeto a derechos humanos
En este contexto, se recalcó que la cobranza debe realizarse con respeto a los derechos humanos. Por ello, prácticas como amenazas, hostigamiento y divulgación indebida de información personal fueron señaladas como violaciones a derechos fundamentales.
Impacto psicológico y social de estas prácticas
El Congreso advirtió que estas conductas generan impactos psicológicos y sociales, como altos niveles de estrés, ansiedad y afectaciones a la estabilidad familiar y económica. Por ello, la tipificación de la cobranza ilegítima se presentó como un avance relevante para la protección de las y los duranguenses.
Una conversación que toca a muchas familias
Este cambio busca frenar abusos y abrir paso a una cobranza que se mantenga dentro de la legalidad. ¿Has recibido llamadas de madrugada o cartas intimidatorias por un adeudo? Cuéntalo y qué práctica consideras más agresiva.
