El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y sus Municipios, un ordenamiento clave que busca fortalecer el derecho ciudadano al acceso a la información y armonizar la legislación local con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado. La aprobación de esta Ley de Transparencia representa un paso relevante en materia de rendición de cuentas y protección de datos personales.
La votación se llevó a cabo previo a la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, marcando uno de los acuerdos legislativos más relevantes del periodo, al tratarse de una ley que impacta directamente en la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
Una ley construida con consenso legislativo
La nueva Ley de Transparencia es resultado del análisis y dictaminación de tres iniciativas presentadas de manera independiente por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Morena. Estas propuestas fueron estudiadas de manera conjunta en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que permitió consolidar un marco normativo con amplio respaldo político.
Este consenso refleja la relevancia del tema y la coincidencia de las distintas fuerzas políticas en la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales conforme a estándares constitucionales y tratados internacionales.
Estructura y alcance de la nueva Ley de Transparencia
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado está integrada por 198 artículos, distribuidos en ocho títulos, y tiene carácter reglamentario tanto de la Constitución federal como de la Constitución local. Su contenido establece de manera clara los principios, bases generales y procedimientos que deben seguirse para garantizar el acceso a la información pública.
El ordenamiento es aplicable a cualquier autoridad, ente o institución de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los municipios, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. También incluye a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
Transferencia de funciones del IDAIP
Uno de los cambios más relevantes que introduce la nueva Ley de Transparencia es la reconfiguración institucional en materia de acceso a la información. El Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP) transferirá sus recursos materiales y financieros a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado.
Estos recursos podrán integrarse a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, dependencia que asumirá las funciones sustantivas que anteriormente correspondían al Instituto. Este ajuste busca fortalecer la coordinación institucional y garantizar la continuidad en la aplicación de las políticas de transparencia y rendición de cuentas.
Principio de máxima publicidad
La ley establece de forma expresa el principio de máxima publicidad, al señalar que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona.
Únicamente podrá clasificarse como información reservada de manera temporal, cuando existan razones debidamente justificadas de interés público o seguridad nacional, siempre conforme a lo establecido por los tratados internacionales, la Ley General de Transparencia y la legislación aplicable.
Límites claros a la reserva de información
La nueva Ley de Transparencia es contundente al señalar que no podrá clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, en concordancia con el derecho nacional e internacional.
Este punto refuerza el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la protección de los derechos fundamentales, asegurando que la transparencia sea una herramienta para la rendición de cuentas y no un obstáculo.
Garantías para la ciudadanía
El ordenamiento también garantiza que ninguna persona podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa por ejercer su derecho de acceso a la información. Asimismo, se establece que este derecho no podrá ser restringido por medios directos ni indirectos.
Estas disposiciones fortalecen la seguridad jurídica de las y los ciudadanos, promoviendo una cultura de participación, vigilancia social y confianza en las instituciones públicas.
Un paso clave para la rendición de cuentas
Con la aprobación de esta nueva Ley de Transparencia, el Congreso del Estado sienta las bases para una administración pública más abierta, responsable y alineada con los estándares constitucionales. El acceso a la información pública se consolida como un derecho fundamental y una herramienta indispensable para la democracia, la participación ciudadana y el combate a la opacidad.
La entrada en vigor de este ordenamiento marcará una nueva etapa en la relación entre el gobierno y la sociedad, colocando a la transparencia como eje central de la vida pública en el estado.
