El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre con el objetivo de acercar los servicios de justicia cívica a las personas que viven en zonas alejadas o de difícil acceso. Esta decisión busca asegurar que todos los duranguenses, sin importar su lugar de residencia, tengan acceso a trámites y procedimientos legales de manera equitativa.
Una reforma que responde a la realidad de las zonas alejadas
La reforma, presentada por la Comisión de Gobernación, busca dar respuesta a una necesidad creciente: garantizar que aquellos que habitan en áreas remotas no se sientan excluidos del sistema de justicia. Durante la sesión ordinaria, Verónica González Olguín, diputada que encabezó el debate sobre esta reforma, resaltó la importancia de que la justicia llegue a todos los rincones del Estado.
«Hoy votamos a favor para que nadie se sienta excluido por vivir en zonas alejadas. Porque creemos en una justicia que camina, escucha y acompaña; creemos en un gobierno cercano y sensible con los duranguenses. Con esta decisión enviamos un mensaje: en Durango la justicia sí llega, y es para todas y todos», afirmó González Olguín al razonar su voto a favor.
Justicia cívica itinerante y mecanismos alternativos
Uno de los aspectos clave de la reforma es la implementación de jornadas de justicia cívica itinerante, que permitirán llevar los servicios de justicia directamente a las comunidades. Este modelo facilitará que los ciudadanos no tengan que viajar largas distancias para acceder a los trámites legales necesarios. Además, durante estas jornadas, los conflictos podrán ser atendidos mediante el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, lo que permitirá resolver disputas de manera más rápida y pacífica.
Verónica González también destacó la importancia de estos mecanismos, que no solo mejorarán el acceso a la justicia, sino que fomentarán la resolución de conflictos de manera menos costosa y menos formal.
Reformas a los juzgados cívicos
Otra de las medidas importantes de la reforma establece que quienes encabecen los juzgados cívicos no podrán ser personas deudoras alimentarias morosas. La diputada consideró esta medida como una acción justa, ya que, según afirmó, «hablar de justicia empieza por asumir la responsabilidad personal y moral con la familia y con la sociedad».
Con esta reforma, los juzgados cívicos podrán desempeñar un rol más cercano a la ciudadanía, no solo en la resolución de conflictos, sino también en la orientación, mediación y acompañamiento a los ciudadanos, sin la necesidad de recorrer largos trayectos.
