En una decisión histórica y unánime, el Congreso del Estado de Durango aprobó las reformas al Código Penal para tipificar el acecho como delito, estableciendo penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 veces el valor diario de la UMA. La sanción podrá aumentar según las circunstancias en que se cometa la conducta.
Protección y justicia
Durante la sesión ordinaria, la Comisión de Justicia presentó el dictamen que unifica las iniciativas del PRI y Morena, tras un proceso de análisis y debate legislativo. El objetivo: proteger a las víctimas de hostigamiento y vigilancia constante, especialmente en un contexto donde las violencias digitales y personales van en aumento.
Con esta reforma, Durango se coloca a la vanguardia nacional en la protección contra el acecho, una conducta que muchas veces antecede a delitos más graves como el acoso o la violencia física.
Un paso clave
Al razonar su voto a favor, la diputada Delia Enríquez Arriaga celebró la aprobación y destacó la relevancia social del dictamen.
“Se trata de castigar una conducta que representa el inicio de muchas violencias. Comienza cuando alguien vigila o busca comunicación repetida en contra de la voluntad de otra persona, provocando daños psicológicos, emocionales e incluso afectaciones a su integridad y patrimonio”, explicó.
La legisladora reconoció el consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas y afirmó que el acecho no es un acto inofensivo, sino una forma de control que genera miedo, ansiedad y vulnerabilidad.
“Así comienza la violencia, cuando los agresores observan o intentan controlar a sus víctimas. No son pocas las historias de mujeres acosadas por sus exparejas, estudiantes vigiladas en clases o redes sociales, o trabajadoras hostigadas por sus patrones”, señaló.
Definición legal del delito
De acuerdo con las reformas, comete el delito de acecho quien, por cualquier medio —incluidos los digitales—, siga, persiga, vigile, observe, rastree o contacte de manera reiterada a una persona, ocasionando restricción, temor o alteración en su estilo de vida.
El texto legal establece que basta con que las acciones del agresor limiten la libertad o provoquen miedo de sufrir daño personal, familiar o patrimonial para configurar el delito.
Circunstancias agravantes
Las penas podrán incrementarse en un tercio cuando el delito se cometa:
Con uso de armas o violencia física.
En contra de menores de edad, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad.
Cuando exista relación de autoridad o dependencia, como en casos familiares, religiosos, laborales, docentes o políticos.
En estos contextos, se considerará que el agresor abusó de su posición de poder para ejercer vigilancia o intimidación sobre la víctima.
Responsabilidad pública
El Congreso también dispuso sanciones más severas para servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, cometan actos de acecho o usen su cargo para vigilar, hostigar o intimidar a personas bajo su responsabilidad.
“No podemos permitir que quienes están en posición de poder se escuden en sus cargos para violentar a las personas”, enfatizó Enríquez Arriaga, en uno de los momentos más aplaudidos de la sesión.
Una reforma necesaria
El dictamen aprobado representa una respuesta contundente a una problemática cada vez más común en la era digital, donde el acecho virtual se ha convertido en un medio para acosar, manipular o amenazar.
El delito abarca desde la vigilancia presencial hasta el seguimiento a través de redes sociales, mensajería o dispositivos electrónicos, una práctica que ha aumentado con el uso de la tecnología y la exposición en línea.
Al tipificar el acecho, Durango reconoce legalmente el impacto psicológico y social que este tipo de violencia genera, brindando a las víctimas un marco jurídico para denunciar y obtener protección.
Unidad legislativa
La aprobación por unanimidad refleja el compromiso conjunto de todas las fracciones parlamentarias con la defensa de los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
El PRI y Morena, autores de las iniciativas originales, coincidieron en la importancia de legislar sin colores cuando se trata de proteger la integridad de las personas.
El consenso en el Pleno fue celebrado como un ejemplo de madurez política y responsabilidad social, en un tema que afecta principalmente a mujeres, jóvenes y personas vulnerables.
Prevención y conciencia
Con esta reforma, el Congreso busca no solo castigar el acecho, sino también prevenirlo mediante la sensibilización y la educación pública. Legisladores coincidieron en la necesidad de romper la normalización de estas conductas y fomentar una cultura de respeto a la privacidad y la autonomía personal.
El acecho puede manifestarse en gestos cotidianos —como seguir a alguien, observarlo sin consentimiento, enviar mensajes reiterados o aparecer en su entorno sin razón—, pero sus consecuencias pueden ser graves y duraderas.
“El miedo a ser vigilada o perseguida no puede ser parte de la vida diaria de ninguna mujer ni de ninguna persona”, expresó una de las legisladoras durante la sesión.
Hacia una sociedad más segura
La reforma al Código Penal de Durango es un avance histórico en materia de justicia y género, ya que fortalece la protección de los derechos fundamentales a la libertad, la privacidad y la seguridad.
Su aprobación responde a años de demandas sociales y denuncias de víctimas que no encontraban respaldo legal frente a situaciones de acecho sistemático.
El reconocimiento legal del acecho como delito marca un precedente en la lucha contra la violencia psicológica y emocional, y refuerza el compromiso del Congreso con la seguridad y el bienestar de las y los duranguenses.
