En un esfuerzo por acercar la justicia a las familias de Durango, la diputada Verónica González Olguín presentó la propuesta para expedir la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado. La iniciativa busca transformar el sistema judicial actual, brindando soluciones rápidas, eficaces y sobre todo, accesibles para todos los duranguenses.
El Propósito de la Ley
La ley se centra en la creación de mecanismos alternativos que permitan resolver disputas sin necesidad de acudir a largos y costosos procesos judiciales. “La justicia debe estar más cerca de las familias, ser más humana y orientada a la reparación del tejido social”, expresó González Olguín durante su intervención.
Mecanismos Alternativos: ¿Qué son?
Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos incluyen herramientas como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos métodos ofrecen una vía más rápida y menos formal para solucionar conflictos cotidianos. A través de estos procedimientos, las personas pueden llegar a acuerdos sin la intervención de los tribunales, lo que ahorra tiempo, dinero y estrés.
Beneficios de la Ley
Menor Carga Procesal
La propuesta tiene como objetivo reducir la carga procesal de los tribunales, al ofrecer una alternativa para resolver disputas sin necesidad de recurrir a un juicio formal. Esto, según la diputada, no solo aliviará a los tribunales, sino que también agilizará la resolución de conflictos para las familias.
Accesibilidad para Todos
La ley también contempla la gratuitad para aquellos que no cuenten con los recursos necesarios para acceder a estos servicios. Además, se creará una red de centros especializados, tanto públicos como privados, donde las personas podrán recurrir para recibir apoyo en la resolución de sus conflictos.
Certificación y Supervisión
Un aspecto clave de la ley es la creación de un sistema de certificación para los facilitadores y abogadas colaborativas, quienes estarán encargados de mediar los conflictos. Estos facilitadores deberán cumplir con altos estándares de imparcialidad, confidencialidad y voluntariedad en todos los procesos.
¿Cómo Funciona?
El proceso comienza con una derivación desde los tribunales, donde se determinará si un caso puede ser resuelto a través de estos mecanismos. Una vez aceptado el caso, el procedimiento será llevado a cabo por un facilitador certificado, quien ayudará a las partes a llegar a un acuerdo satisfactorio.
El Impacto en la Sociedad
Fortalecimiento de Vínculos Sociales
Uno de los principales objetivos de la ley es fortalecer los vínculos familiares y comunitarios. Al ofrecer respuestas rápidas y restaurativas, la ley busca no solo solucionar el conflicto en cuestión, sino también restaurar las relaciones afectadas, ya sea entre familiares, vecinos o miembros de una comunidad.
Cultura de Paz
Con el fomento de la mediación y la conciliación, la ley también apunta a impulsar una cultura de paz en la sociedad duranguense. Según González Olguín, la promoción de estos métodos no solo servirá para resolver conflictos, sino también como una herramienta preventiva, ayudando a evitar que pequeñas disputas escalen a situaciones más graves.
Reducción de Costos
Al eliminar la necesidad de procedimientos judiciales largos, las familias y las empresas podrán ahorrar dinero. El costo de los tribunales, los honorarios legales y los gastos relacionados con el litigio a menudo resultan prohibitivos, lo que hace que muchas personas no busquen justicia. La nueva ley busca cambiar esto al ofrecer alternativas más accesibles.
¿Qué Implica la Implementación?
Supervisión y Evaluación
Para garantizar la efectividad y la imparcialidad del sistema, la ley también propone la implementación de mecanismos de supervisión y evaluación constantes. Esto permitirá que las autoridades monitoreen el funcionamiento de los centros de resolución alternativa, asegurando que los principios de imparcialidad y confidencialidad sean respetados.
Responsabilidad y Transparencia
El establecimiento de sanciones para quienes violen estos principios también es una parte crucial de la ley. A través de la transparencia en los procesos, se busca garantizar que todos los involucrados sean responsables de sus acciones, lo que fomentará la confianza de la ciudadanía en el sistema.
