Por unanimidad, el Congreso del Estado ha instado a los 39 municipios a cumplir con la Ley Orgánica del Municipio Libre, que establece la obligación de destinar al menos el 5% de sus ingresos anuales al Presupuesto Participativo. Este mecanismo permite a la ciudadanía decidir directamente cómo se invierte una parte del gasto público municipal, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Iniciativa impulsada por Alejandro Mojica
La propuesta fue impulsada por Alejandro Mojica Narváez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, quien destacó que aunque la ley es clara, muy pocos municipios aplican correctamente este instrumento. Mojica argumentó que esta omisión limita el impacto del presupuesto participativo y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
“No se trata de una sugerencia, se trata de una obligación legal. Cada municipio debe establecer mecanismos abiertos, transparentes e incluyentes para que la ciudadanía proponga, debata y vote los proyectos que realmente beneficien a sus comunidades”, puntualizó el legislador en su intervención.
Fortalecimiento de la democracia
Durante la sesión ordinaria, el diputado Mojica Narváez recordó que la obligación de implementar el presupuesto participativo no es nueva ni opcional, sino un mandato legal que tiene como objetivo fortalecer la democracia directa y la confianza entre la ciudadanía y el gobierno.
El Presupuesto Participativo es una figura que nació en Durango, donde se implementó de manera ordenada y efectiva durante administraciones panistas, logrando resultados tangibles como obras que respondieron a las necesidades reales de la población.
“Desde Acción Nacional creemos en la libertad, en la responsabilidad y en la participación ciudadana. Por eso hoy venimos a defender una causa que no tiene color, pero sí propósito: que el dinero público se decida con la gente y para la gente”, expresó.
La importancia de la participación ciudadana
El Presupuesto Participativo tiene como fin central fortalecer la democracia y garantizar que los recursos públicos se distribuyan de manera justa, transparente y acorde a las verdaderas necesidades de la comunidad. Además, al permitir que los ciudadanos participen en el debate y la toma de decisiones sobre el destino de una parte del presupuesto, se aumenta la responsabilidad cívica y se fomenta una gobernanza más inclusiva.
Opinión de los diputados
El diputado Bernabé Aguilar Carrillo se sumó al punto de acuerdo y destacó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la aplicación de los recursos públicos. En su intervención, Aguilar Carrillo resaltó que el 5% del presupuesto debe canalizarse de manera directa a las comunidades o colonias, a través de comités ciudadanos que garanticen que las obras y proyectos sean realmente los que la población necesita.
“Es crucial que este porcentaje se invierta directamente en las comunidades y que los ciudadanos participen activamente en las decisiones sobre qué proyectos llevar a cabo. Solo de esta forma se asegurará que las obras respondan a las verdaderas necesidades de la población”, señaló el legislador.
Un modelo de transparencia y democracia
Por su parte, el diputado Alejandro Mata Valadez destacó las bondades del Presupuesto Participativo, al promover la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y la educación cívica. Sin embargo, también hizo hincapié en que este modelo debe estar orientado principalmente a quienes más lo necesitan, es decir, a los sectores de la población con menos recursos.
Beneficios del Presupuesto Participativo
El Presupuesto Participativo no solo permite una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino que también fomenta el compromiso de los ciudadanos con el bienestar colectivo. Al ser parte del proceso de decisión sobre el destino del presupuesto municipal, la ciudadanía se convierte en una pieza clave en el desarrollo de la comunidad.
Fomentando la rendición de cuentas
Implementar este modelo también facilita la rendición de cuentas, pues los ciudadanos tienen la oportunidad de evaluar y supervisar el uso de los recursos que ellos mismos ayudaron a asignar. De esta manera, el Presupuesto Participativo refuerza la confianza entre la administración pública y la ciudadanía, creando un lazo de cooperación mutua.
