La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado aprobó el segundo paquete de cuentas públicas de 11 municipios, cuyas observaciones no superan el 5%. El dictamen fue presentado como resultado de un exhaustivo proceso de revisión y análisis, permitiendo que los estados financieros de estos municipios avanzaran sin mayores inconvenientes. Con esta acción, se sigue cumpliendo con la obligación legal de revisión de las cuentas públicas antes de la fecha límite del 31 de octubre.
Municipios revisados
Ayuntamientos en revisión
Los municipios incluidos en este segundo paquete de cuentas públicas fueron Santa Clara, Nombre de Dios, Otáez, General Simón Bolívar, San Dimas, Guanaceví, San Pedro del Gallo, Canatlán, Cuencamé, Topia y San Juan del Río. Estos 11 municipios presentaron sus estados financieros para su revisión y dictamen, con un enfoque en garantizar el correcto manejo de recursos y cumplir con las normativas establecidas.
Informe de la presidenta de la Comisión
Proceso de revisión
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Rocío Rebollo Mendoza, destacó durante la mesa de trabajo que 23 estados financieros han sido ya aprobados en este proceso de revisión, subrayando el compromiso de la comisión para cumplir con las normativas de transparencia y responsabilidad fiscal.
En su informe, Rebollo Mendoza precisó que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado eran principalmente de carácter administrativo, derivadas de la falta de justificación documental en algunos casos. Sin embargo, estas observaciones no representan irregularidades mayores en el manejo de los recursos públicos, lo que permitió que los dictámenes fueran aprobados de manera positiva.
Continuidad en el proceso
La presidenta de la Comisión también resaltó que, tras la aprobación de este segundo paquete, se cumplirá con la obligación de desahogar las cuentas públicas del ejercicio fiscal anterior antes del 31 de octubre, fecha límite para la aprobación final. Este proceso asegura que se mantenga la transparencia y el control adecuado sobre el uso de los recursos públicos en los municipios.
Detalles sobre las observaciones
Observaciones administrativas
Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado no son alarmantes, ya que principalmente se refieren a falta de justificación documental en algunos casos específicos. Este tipo de observaciones, aunque requieren atención, no implican un manejo incorrecto de los recursos públicos, lo que permitió que los dictámenes fueran aprobados de manera favorable.
Las observaciones administrativas suelen ocurrir en muchos procesos de revisión y son parte del esfuerzo por garantizar que todos los procesos administrativos estén correctamente documentados y respaldados.
Avances en el proceso de revisión
Revisión en tiempo y forma
Este segundo paquete aprobado representa un paso más en el proceso de revisión de las cuentas públicas de todos los municipios. Hasta el momento, se han revisado 23 estados financieros, lo que demuestra el avance en la supervisión de las finanzas municipales, y se continúa trabajando para asegurar que todas las cuentas sean analizadas a tiempo y conforme a la ley.
Este trabajo constante de la Comisión de Hacienda busca dar certeza a los ciudadanos de que los recursos públicos están siendo administrados de forma responsable y que se está cumpliendo con las obligaciones legales de revisión fiscal.
Pasos siguientes
Presentación ante el Pleno
El siguiente paso en el proceso será la presentación de este segundo paquete de dictámenes en primera lectura ante el Pleno del Congreso la próxima semana. Posteriormente, se someterá a votación para su aprobación definitiva. Esto continuará el desahogo de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024 y garantizará que todo se cumpla en tiempo y forma antes del 31 de octubre.
Cumplimiento con la obligación legal
El proceso de revisión de las cuentas públicas es crucial para mantener la transparencia y el control fiscal en todos los niveles de gobierno. El cumplimiento de este proceso dentro del plazo establecido es un compromiso del Congreso para garantizar que los recursos públicos sean utilizados correctamente y que se fomente la responsabilidad fiscal entre los ayuntamientos.
