La educación es uno de los pilares más importantes de la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando factores externos ponen en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes y maestros? En un contexto donde fenómenos naturales, emergencias sanitarias o fallas en la infraestructura escolar se convierten en amenazas constantes, la pregunta clave es: ¿cómo garantizar que el derecho a la educación continúe, incluso en tiempos de crisis?
El diputado Fernando Rocha Amaro, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una propuesta que, si se aprueba, podría marcar un antes y un después en la manera en que se gestiona la educación en situaciones de emergencia. Esta propuesta busca establecer un Protocolo de Seguridad Educativa, el cual permitiría cambiar temporalmente a clases mixtas o a distancia cuando existan riesgos que pongan en peligro a la comunidad escolar.
¿Por qué es urgente esta iniciativa?
La iniciativa de Rocha Amaro no es solo un llamado a la acción, sino una reflexión sobre las lecciones que la pandemia de COVID-19 y otros desastres naturales nos han dejado. Durante la emergencia sanitaria global, el sistema educativo enfrentó enormes retos para adaptarse a las clases virtuales, una modalidad que, a pesar de sus dificultades, permitió continuar con el proceso educativo. La experiencia vivida por estudiantes, padres de familia, maestros y autoridades dejó claro que contar con protocolos claros es fundamental para garantizar la continuidad educativa en situaciones inesperadas.
Fernando Rocha Amaro lo dejó claro al presentar la iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado: «El derecho a la educación no puede ser un concepto rígido; tiene que adaptarse a las realidades de nuestras comunidades». Y esas realidades son muchas y variadas: heladas, lluvias torrenciales, calor extremo, daños estructurales en los planteles y, por supuesto, situaciones sanitarias como la pandemia.
¿Qué incluye el protocolo propuesto?
El Protocolo de Seguridad Educativa que Rocha Amaro plantea no solo está enfocado en adaptarse a las emergencias, sino que también tiene como objetivo crear una normatividad clara y efectiva. Su propuesta busca adicionar un artículo 21 quáter a la Ley de Educación del Estado, facultando a las instituciones educativas estatales a activar protocolos de enseñanza a distancia cuando se identifiquen situaciones que representen un riesgo para la comunidad escolar.
Entre los riesgos que podrían activar este protocolo se encuentran:
Daños estructurales en los planteles educativos.
Fallas en servicios básicos, como agua, luz o Internet, que impidan el desarrollo normal de las clases.
Situaciones sanitarias, como brotes de enfermedades o pandemias, que obliguen a un aislamiento temporal.
Fenómenos naturales extremos, tales como tormentas, heladas, inundaciones o calor extremo.
Además, el protocolo debe ser validado por la autoridad educativa estatal y comunicado con anticipación a la comunidad escolar para que todos los involucrados estén al tanto de las medidas a seguir y las condiciones de las clases a distancia o mixtas.
Un cambio necesario en la Ley de Educación del Estado
La propuesta de Rocha Amaro tiene un enfoque pragmático, pero también está cargada de una visión humanista. En su discurso, subrayó que esta modificación legislativa es una manera de formalizar lo que ya se ha hecho en situaciones de emergencia, pero sin reglas claras ni criterios de aplicación. «Se trata de formalizar algo que ya se ha hecho, pero que debe tener reglas claras, criterios de aplicación y duración«, comentó el diputado.
Este enfoque busca evitar que situaciones de emergencia como las que vimos durante la pandemia de COVID-19, o el reciente desastre de los huracanes, se repitan sin un marco normativo que proteja a las comunidades educativas.
La educación como derecho fundamental
Lo que Rocha Amaro quiere transmitir es una idea clave: la educación debe ser un derecho garantizado por cualquier medio, especialmente cuando las circunstancias lo requieren. En situaciones extremas, la seguridad de los estudiantes y el personal escolar no puede estar en riesgo, pero esto no debe suponer el fin de su derecho a aprender.
El derecho a la educación debe adaptarse a la realidad del entorno, lo que implica que, en circunstancias de emergencia, los sistemas educativos deben contar con alternativas para seguir enseñando, aún si esto significa adoptar clases mixtas o a distancia.
Una mirada al futuro de la educación en Durango
La propuesta de Fernando Rocha se presenta como un avance en la visión de una educación adaptada a las circunstancias. Si bien ya existen protocolos improvisados para cambiar a clases a distancia en situaciones excepcionales, el objetivo es crear un mecanismo oficial, claro y accesible para todas las instituciones educativas en el estado.
Rocha Amaro ha insistido en que “una educación segura también es una educación de calidad”, y esto no puede ser más cierto. En el momento en que las instituciones educativas estén mejor preparadas para adaptarse a situaciones adversas, la calidad educativa no solo se preservará, sino que también se fortalecerá.
Compromiso con la equidad y continuidad educativa
Para el Grupo Parlamentario del PAN, esta propuesta también es una muestra de su compromiso con la equidad en la educación. La idea es que, independientemente de las dificultades externas que puedan surgir, todos los estudiantes, sin importar su ubicación o las condiciones a las que estén expuestos, tengan acceso a una educación de calidad.
“Porque cuidar a quienes aprenden y a quienes enseñan, es proteger el futuro de Durango”, finalizó Rocha, enfatizando que el futuro del estado está ligado a la capacidad de sus ciudadanos para adaptarse, aprender y crecer, sin importar los retos que enfrenten.
Un paso hacia la modernización educativa
Lo que Rocha Amaro propone es también un paso hacia la modernización del sistema educativo, ya que el protocolo no solo busca adaptarse a emergencias, sino también promover nuevas formas de enseñanza que permitan a los estudiantes seguir aprendiendo sin interrupciones.
En un contexto donde las tecnologías educativas están en constante evolución, esta iniciativa tiene el potencial de ser el motor que impulse la digitalización en las escuelas de Durango. Si el protocolo se implementa correctamente, el estado estaría dando un ejemplo de cómo la educación puede evolucionar, manteniendo su misión intacta, pero adaptándose a las realidades del siglo XXI.
