El diputado Ernesto Alanís Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y miembro de la Coalición Parlamentaria “Unidad y Valor por Durango”, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Justicia Cívica del Estado de Durango y sus Municipios. El propósito fundamental es dotar a los 39 municipios de Durango de un marco legal común que permita atender faltas administrativas y conflictos comunitarios mediante un modelo de justicia cívica eficiente, restaurativo y preventivo.
Objetivo de la iniciativa
La propuesta busca fortalecer y crear nuevos mecanismos para garantizar la seguridad y promover una vida más tranquila y armoniosa para los habitantes del estado. Para ello, plantea alternativas a las sanciones tradicionales como multas o arrestos, incorporando opciones como el trabajo comunitario, programas sociales o terapias, siempre con el consentimiento voluntario de los infractores mediante acuerdos firmados ante el juez.
Atención municipal prioritaria
Las autoridades municipales son las primeras encargadas de atender conflictos cotidianos, por lo que necesitan contar con herramientas eficaces que les permitan prevenir delitos y resolver problemas antes de que escalen. La ley propone un modelo que atienda las causas sociales de las faltas, fomente la cultura de la legalidad y promueva la reparación del daño, superando el enfoque punitivo.
Capacitación y actualización
Para implementar este modelo, la iniciativa contempla la capacitación de jueces, policías y funcionarios, así como la actualización de conceptos legales y la aplicación de procedimientos eficaces que incluyan alternativas a las sanciones tradicionales.
Ejemplos a seguir
Estados como Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León ya cuentan con legislaciones similares en materia de justicia cívica, con resultados positivos en la prevención y resolución de conflictos menores. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la competencia de los congresos estatales para legislar en este ámbito, incluso sin una ley federal general, conforme a la acción de inconstitucionalidad 70/2019.
Contenido principal de la propuesta
La iniciativa establece un procedimiento claro para aplicar la justicia cívica, incluye un catálogo de faltas administrativas y sanciones, y define lineamientos para programas de rehabilitación, atención a adicciones y colaboración con la sociedad civil. Además, fortalece el papel de los jueces cívicos y autoridades municipales en la resolución de conflictos, y establece alternativas a las sanciones comunes, como el trabajo comunitario o terapias, siempre bajo acuerdos voluntarios.
Sanciones para menores
Un punto relevante es que la iniciativa contempla sanciones para personas desde los 12 años, promoviendo un enfoque restaurativo que ofrece opciones para la reinserción social y la reparación del daño causado.
