En un claro compromiso con la justicia social y los derechos humanos, la diputada Sandra Amaya Rosales del Grupo Parlamentario de la Coalición “Cuarta Transformación” presentó una iniciativa de reforma legal que busca proteger el patrimonio de las mujeres y adultos mayores ante el despojo de sus propiedades. El objetivo es proporcionar mecanismos legales rápidos para que el Ministerio Público pueda solicitar la restitución provisional de los bienes inmuebles cuando exista evidencia suficiente de despojo, especialmente si las víctimas son personas vulnerables como mujeres o personas mayores.
Objetivo principal de la iniciativa
El propósito central de esta reforma es fortalecer la protección del patrimonio de los sectores más vulnerables, brindando herramientas legales que permitan al Ministerio Público actuar de manera inmediata ante casos de despojo de propiedades. La iniciativa establece que, cuando existan elementos suficientes, las autoridades puedan solicitar la restitución provisional del bien afectado, sin necesidad de que el proceso judicial se alargue innecesariamente.
Aumento de penas
Penalización más severa
Como parte del endurecimiento de las leyes para proteger a las víctimas de despojo, la reforma propone aumentar la pena mínima de 3 meses a 6 años de prisión, y la pena máxima de 5 a 12 años de cárcel para aquellos que cometan estos delitos. Esta medida busca garantizar que los responsables enfrenten una pena adecuada a la gravedad del delito y evitar que queden impunes.
Agravantes en despojos
La iniciativa también incorpora agravantes cuando las víctimas sean mujeres o personas mayores de 60 años, situaciones que agravan aún más el impacto social y psicológico de los despojos. Esta medida se toma en cuenta, dado que las mujeres y los adultos mayores enfrentan condiciones especialmente críticas cuando se ven despojados de su vivienda.
Despojo como violencia estructural
Un enfoque integral
La diputada Sandra Amaya considera que el despojo debe ser reconocido como una forma de violencia estructural, especialmente cuando afecta a mujeres adultas mayores, madres solteras, mujeres indígenas o aquellas en situación de pobreza. Este tipo de violencia no solo implica el despojo físico de la propiedad, sino que también afecta profundamente la estabilidad emocional, económica y social de las víctimas.
La reforma tiene como fin erradicar la impunidad en estos casos, asegurando que las víctimas no queden desprotegidas ante la falta de acción del sistema judicial.
Ampliación de motivos
Defensa del patrimonio familiar
En su discurso, Sandra Amaya expresó su firme compromiso con la defensa del patrimonio de las familias duranguenses. Aseguró que “desde este Congreso vamos a defender el patrimonio de nuestras familias para terminar con los abusos que por muchos años han sido invisibilizados”.
Enfatizó que esta reforma responde a los abusos históricos que muchas personas han sufrido por la inacción de las autoridades, quienes, en algunos casos, han dejado a las víctimas sin respuesta o solución legal, lo que lleva a que se tomen decisiones por mano propia.
Desprotección y revictimización
Uno de los puntos más críticos de esta reforma es la falta de herramientas legales inmediatas para actuar ante los despojos, lo que revictimiza a quienes ya han sufrido este tipo de violencia. Sandra Amaya recalcó que este vacío legal ha llevado a muchas personas a tomar la justicia por su cuenta, lo que en ocasiones termina por criminalizarlas en lugar de protegerlas.
Desconfianza en las instituciones
Un problema generalizado
La diputada reconoció que la desconfianza en las instituciones es un problema creciente, y que Durango no es ajeno a esta problemática. La falta de acción oportuna del Estado en casos de despojo ha generado una descomposición social, exacerbada por la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres y adultos mayores en el estado.
Solución inmediata y efectiva
La reforma presentada por Sandra Amaya busca proporcionar una respuesta inmediata y efectiva a este problema estructural, dando prioridad a los casos donde se vean involucradas personas vulnerables. Esta iniciativa va más allá de una simple respuesta legal: busca restablecer la confianza en las instituciones y asegurar que la justicia social prevalezca.
La Cuarta Transformación como motor de cambio
Compromiso con los derechos humanos
La reforma presentada por Sandra Amaya se alinea con los principios de justicia social y protección de los derechos humanos impulsados por la Cuarta Transformación. Esta reforma es una respuesta legal urgente a un problema estructural que afecta a mujeres y adultos mayores, y pone en evidencia la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para evitar más casos de despojo y violencia.
