En un contexto pocas veces atendido y frecuentemente silenciado, la diputada Rocío Rebollo, integrante de la coalición Unidad y Valor por Durango, ha presentado una iniciativa de reforma histórica que busca garantizar la protección integral de niñas y niños que viven con sus madres dentro de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) del estado.
Con este llamado, el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) pone sobre la mesa una realidad cruda: la niñez en reclusión, una población vulnerable que vive en condiciones de invisibilidad institucional y cuyas necesidades han sido desatendidas por décadas.
Niñas y niños olvidados
Infancia sin derechos
La diputada Rebollo expuso que en Durango, y en el país en general, la privación de la libertad de una madre impacta directamente a sus hijos, quienes en muchos casos permanecen con ellas dentro de los centros penitenciarios hasta los tres años, tal como lo permite la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Sin embargo, no existen mecanismos claros ni presupuestos designados para asegurar que estos menores vivan en condiciones dignas. Esta situación genera violencia estructural, marginación y un grave estado de desprotección institucional.
Estos menores son conocidos como “niñas y niños invisibles”, ya que sus necesidades no están previstas ni garantizadas por los sistemas de salud, educación ni bienestar.
Fundamento legal y humano
Interés superior de la niñez
La iniciativa está basada en el principio constitucional del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º de la Constitución, así como en tratados internacionales de derechos humanos. La propuesta busca armonizar la legislación estatal con estas normas, para que el Estado cumpla con su deber como garante del bienestar infantil en cualquier contexto, incluso en reclusión.
La diputada recordó que, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, al menos 362 niñas y niños vivían con sus madres en prisión en México. No obstante, la cifra real podría superar los 400 menores.
Contenido de la reforma
Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Una de las propuestas centrales consiste en reformar y adicionar artículos clave en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, donde se establece:
La orientación y coordinación interinstitucional de la Procuraduría de Protección para asegurar el registro civil inmediato de los menores que nazcan en reclusión.
El derecho al periodo de lactancia en condiciones equivalentes a las de fuera del penal.
La garantía de atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica para las madres y sus hijos, en hospitales del Sector Salud.
Ley de Ejecución de Penas
Por su parte, la reforma a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Durango contempla avances cruciales como:
Prohibir el aislamiento como sanción a mujeres embarazadas, en lactancia o que convivan con sus hijos.
Asegurar que el registro civil de los niños nacidos en prisión no contenga ninguna referencia a esta circunstancia.
Establecer que el parto y el puerperio deben ser atendidos en espacios médicos adecuados, incluso fuera del CERESO si no se cuenta con las condiciones mínimas dentro del mismo.
Garantizar que las visitas familiares, especialmente con menores, se den en entornos dignos, seguros y con contacto libre entre madre e hijo.
Una reforma con rostro humano
Legislación con perspectiva de infancia
Con esta propuesta, Rocío Rebollo y el GPPRI buscan que Durango se posicione como un estado comprometido con los derechos humanos, incluso en contextos de reclusión. La diputada subrayó que se trata de una reforma con rostro humano, que reconoce que la niñez no debe pagar las consecuencias del sistema penitenciario.
Además, reiteró que el objetivo es avanzar hacia un modelo más justo y sensible, donde ninguna niña o niño sea invisible ante la ley.
